En Colombia la normatividad penal, en principio había tipificado los delitos de corrupción dentro del bien jurídico de administración pública, pero debido a la expedición del Estatuto Anticorrupción con la Ley 1474 de 2011 se elevaron a la categoría de delitos otras conductas punibles que afectan bienes jurídicos como el patrimonio económico. No obstante lo anterior, también vale la pena hacer mención a conductas delictivas corruptas que atentan contra el orden económico y social y contra la recta y eficaz impartición de justicia.
